Ley AntiMafia: Ecuador pagará menos por bienes incautados al narco

La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, ha impulsado un proyecto de ley llamado Ley AntiMafia, cuyo objetivo principal es el manejo eficiente y socialmente beneficioso de más de 580 bienes incautados al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador. Esta propuesta surge ante la problemática de que actualmente el Estado enfrenta gastos elevados en la protección y mantenimiento de estas propiedades, que en su mayoría permanecen infrautilizadas o en malas condiciones.

En una reciente entrevista con Vistazo, Mancheno reveló que una de las motivaciones para esta legislación nace de una visita a una hacienda agropecuaria que fue confiscada en una operación antilavado en el país. En esa propiedad, el ganado porcino murió por falta de cuidados técnicos, reflejando el problema estructural de la administración pública respecto a estos bienes. "El Estado no es un buen administrador de los bienes del narco", declaró, enfatizando además que los ecuatorianos con sus impuestos cubren los costos de seguridad y seguros para proteger estas propiedades.

La estructura normativa de esta ley está inspirada en las políticas italianas, país que ya vivió un proceso semejante en la lucha contra la mafia y crimen organizado. Mancheno, quien además es abogada y fue Secretaria Jurídica de la Presidencia, explicó que, al declararse la guerra al crimen organizado en su gobierno, se acercó a instituciones italianas para recoger experiencias y modelos exitosos.

Tuvo reuniones con figuras clave, como Giovanny Melillo, fiscal nacional antimafia de Italia, y Charia Colosimo, presidenta de la comisión antimafias, para comprender mejor cómo funciona la legislación italiana. Esta colaboración internacional fue crucial para incorporar conceptos esenciales que incluyen la creación del tipo penal de pertenencia a grupos de delincuencia organizada (GDO) o grupos armados organizados (GAO). Esta tipificación ya ha sido adoptada en legislaciones de Estados Unidos, Argentina y El Salvador.

Uno de los puntos fundamentales del texto legal es que la pertenencia a una organización criminal debe demostrarse con elementos objetivos, y no basta con vínculos familiares, laborales o comerciales para configurar esta afiliación. Esto busca evitar que se presuma colaboración o pertenencia solo por relaciones personales o ejercicio legítimo de profesión.

Además, la ley exige que para perseguir a cualquier organización criminal se debe acreditar claramente su estructura, funciones y flujos financieros. Esta propuesta para Ecuador es vista como un avance significativo en la normativa local y complementa otras medidas contra el crimen.

Actualmente, el Estado ecuatoriano mantiene bajo administración más de 580 bienes incautados al narcotráfico y otros crimenes, incluidas propiedades productivas como haciendas agropecuarias. Estos inmuebles generan gastos que ascienden aproximadamente a 1,5 millones de dólares anuales solo en pagos de seguros contra robos, incendios y su custodia.

Mancheno recalcó que este dinero, que sale de los impuestos de los ecuatorianos, se utiliza para mantener propiedades que son de excriminales y narcotraficantes, situación que calificó como injusta para la población. La ley propone que, mientras se tramita el juicio de extinción de dominio, cuyos procesos judiciales suelen durar más de una década, estos bienes puedan ser usados con fines sociales, principalmente por entidades y fundaciones que apoyan a la población vulnerable.

Con este sistema, las propiedades productivas podrían generar beneficios directos para comunidades necesitadas, transformando lo que antes eran costos en recursos para salud, educación y seguridad. Se espera que esta ley se ponga en marcha en pocas semanas y cuente con la participación de expertos antimafia internacionales.

Mishel Mancheno afirmó que esta ley es una herramienta más para fortalecer el bloque de seguridad que diariamente arriesga sus vidas para proteger al país. "Tenemos que apoyar desde estos espacios, desde el Legislativo", destacó, haciendo un llamado a la responsabilidad de los legisladores para respaldar a la ciudadanía que los eligió.

La presidenta asumió su cargo en junio después de la salida de Niels Olsen, quien dejó la presidencia de la Asamblea para dedicarse a la campaña electoral para las elecciones seccionales de noviembre.

Actualmente no se encuentran disponibles cuotas oficiales para eventos relacionados con la Ley AntiMafia o su implementación.

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